El Estado social de derecho ocupa un lugar fundamental dentro del marco jurídico colombiano, y esto no es casualidad. Desde la Constitución Política de 1991, específicamente en su primer artículo, Colombia se reconoce como un Estado social de derecho, organizado bajo un modelo de república unitaria, descentralizada y con autonomía para sus entidades territoriales. ¿Qué significa esto? Que el Estado no se limita a mantener el orden y hacer cumplir la ley, sino que asume un rol activo al buscar justicia social y equidad entre los ciudadanos.
La llegada de este modelo en Colombia representó un cambio de fondo frente a las constituciones anteriores, donde el Estado tenía una participación mucho más restringida. La Constitución del 91 puso sobre la mesa la necesidad de atender a una sociedad más diversa y participativa, dándole prioridad a los derechos sociales y económicos. Así, el Estado colombiano asumió el reto de intervenir para corregir desigualdades históricas y trabajar por el bienestar de todos.
El fundamento constitucional del Estado social de derecho en Colombia gira en torno a:
El Estado social de derecho se sostiene sobre varios principios fundamentales que lo diferencian claramente de otros modelos estatales y marcan la ruta de su funcionamiento.
La dignidad humana es, sin duda, el corazón de todo el sistema. Este principio es el punto de partida de todos los derechos y deberes, y le exige al Estado enfocar sus acciones en proteger y promover la vida, la integridad, la autonomía y el desarrollo pleno de cada persona. Esto significa que el Estado está en la obligación de evitar que alguien quede por fuera de los beneficios sociales, sin importar su origen, condición económica o cualquier otra circunstancia.
La solidaridad es otro pilar esencial. Aquí hablamos de la cooperación y el apoyo mutuo tanto entre los ciudadanos como entre estos y el Estado. La prevalencia del interés general significa que, cuando hay un choque entre intereses particulares y colectivos, debe primar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Estos dos principios son los que inspiran la creación de leyes, la administración de justicia y la intervención estatal en áreas como la salud, la educación y la seguridad social.
El Estado no permanece indiferente ante las desigualdades sociales, económicas o culturales. Todo lo contrario: su intervención es legítima y, muchas veces, necesaria para garantizar que todas las personas accedan de manera real y efectiva a sus derechos y oportunidades. Esta intervención puede verse reflejada en políticas de redistribución de la riqueza, protección de grupos vulnerables y el fortalecimiento de sistemas de seguridad social que buscan cerrar brechas históricas.
El Estado social de derecho reconoce y protege un abanico amplio de derechos fundamentales. Aquí se incluyen:
En Colombia, la Constitución deja claro que estos derechos son universales, inalienables e interdependientes. El Estado no solo debe abstenerse de violarlos, sino que tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que puedan ejercerse plenamente.
Por ejemplo, el derecho a la educación no se agota solo en poder ingresar a una institución, sino que implica que el Estado debe asegurar condiciones adecuadas para el aprendizaje, como infraestructura, materiales y docentes capacitados.
En el marco del Estado social de derecho colombiano, el juez constitucional juega un papel protagónico en la defensa de los derechos fundamentales. Una herramienta clave en este sentido es la acción de tutela, creada para garantizar la protección inmediata de los derechos cuando estos se ven en peligro o vulnerados.
¿Y cómo funciona la tutela? Cualquier persona puede acudir ante un juez para pedir el amparo de sus derechos, sin mayores complicaciones ni intermediarios. Este mecanismo ha fortalecido notablemente la efectividad del Estado social de derecho, ya que obliga a las autoridades a responder de forma ágil y garantiza el acceso a la justicia, sobre todo para quienes están en situación de vulnerabilidad. Además, el juez constitucional tiene la tarea de revisar leyes y actos administrativos para asegurar que estén en línea con la Constitución y los principios fundamentales.
Es fundamental diferenciar el Estado de derecho tradicional del Estado social de derecho. El primero se concentra básicamente en garantizar la supremacía de la ley, la separación de poderes y la protección formal de los derechos individuales, con una intervención estatal bastante limitada y enfocada en mantener el orden.
Ahora bien, el Estado social de derecho va más allá. En este modelo, el Estado tiene la responsabilidad de promover activamente la justicia social y la igualdad. No basta con proteger derechos en el papel; se trata de implementar políticas que permitan el acceso real a derechos sociales y de corregir desigualdades estructurales:
Estado social de derecho
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Estado de derecho puro |
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Garantiza la supremacía de la ley y la separación de poderes |
Promueve la justicia social y la igualdad |
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Intervención estatal mínima |
Intervención estatal activa para corregir desigualdades |
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Protección formal de derechos individuales |
Acceso efectivo a derechos sociales y colectivos |
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Acceso a la justicia puede estar limitado por recursos |
Mecanismos como la tutela democratizan el acceso a la justicia |
Existe una brecha entre los principios consagrados en la Constitución y la realidad que viven muchos colombianos. La efectividad de los derechos sociales depende mucho de la voluntad política, la disponibilidad de recursos y la eficiencia en la gestión pública. Así mismo, la sobrecarga de los mecanismos de tutela y la tendencia a judicializar los derechos sociales exige que el Estado busque soluciones más innovadoras y efectivas.
Formarse en Derecho es clave para comprender la evolución y los desafíos del Estado social de derecho en Colombia. Para quienes desean profundizar en estos temas y crecer profesionalmente, el programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia en Medellín es una alternativa académica sólida y alineada con las necesidades del país.